La semana pasada, la Organización Internacional del Trabajo (ILO/OIT) publicaba su informe World Employment and Social Outlook – Trends 2021, en el que esta institución examina las tendencias mundiales y regionales en materia de empleo, participación en la fuerza laboral, productividad, y calidad del trabajo. En el documento, cuya lectura os recomiendo, encontraréis un análisis exhaustivo de los efectos de la crisis COVID-19 en trabajadores y empleadores, que se puede resumir en un fuerte deterioro del empleo y las rentas nacionales, que ha agravado las desigualdades existentes y amenaza con causar cicatrices duraderas en trabajadores y empresas. Frente a esta situación, el informe propone una respuesta política decidida para abordar la fragilidad y desigualdad de las condiciones sociales y económicas y lograr en los próximos años una recuperación centrada en el ser humano.

Los números son demoledores. En 2020, a nivel mundial, las rentas de trabajo, excluyendo las transferencias y beneficios de los gobiernos, fueron 3,7 billones de dólares (8,3%) inferiores de lo que hubieran sido de no haber sucedido la pandemia, mientras que, en los dos primeros trimestres de 2021, este déficit equivale a una reducción de las rentas de trabajo mundiales del 5,3% (-1,3 billones de dólares). Además, en comparación con 2019, el informe estima que hoy tenemos 108 millones más de trabajadores pobres, lo que significa que estas personas y sus familias tienen que vivir con menos de USD 3,20 al día en términos de paridad de poder de compra. En otras palabras, hemos perdido cinco años de progreso hacia la erradicación de la pobreza de los trabajadores, que ha vuelto a niveles de 2015.

Según la OIT, podemos esperar un proceso de recuperación económica globalmente desigual a partir de la segunda mitad de 2021, impulsado por una aceleración de las vacunaciones y el gasto fiscal a gran escala. Pero aún así, el crecimiento del empleo previsiblemente será demasiado débil para brindar suficientes oportunidades laborales a quienes se quedaron inactivos o desempleados durante la pandemia y a las cohortes más jóvenes que ingresan al mercado laboral, que, además, han sufrido interrupciones significativas en su educación y formación. Es decir, muchos trabajadores antes inactivos ingresarán a la fuerza laboral, pero tendrán muchas dificultades para encontrar empleo.

Para empeorar las cosas, la Organización Internacional del Trabajo espera que muchos de los nuevos puestos de trabajo que se creen serán de baja productividad y mala calidad. En concreto, estima que entre 2019 y 2022 la tasa de crecimiento de la productividad laboral promedio caerá por debajo de los niveles previos a la crisis en todos los países excepto en los de ingresos altos. Esta falta de oportunidades de empleo productivo será particularmente grave en los países de bajos ingresos, como resultado del bajo crecimiento del producto interno bruto y un fuerte aumento de la población en edad de trabajar, lo que hace que el objetivo de erradicar la pobreza para 2030 sea todavía más difícil de alcanzar.

Por lo que se refiere a las empresas, el informe destaca la situación de las empresas más pequeñas, muchas de las cuales han quebrado o se enfrentan a un futuro muy incierto, ya que, en general, disponen de menos recursos financieros para soportar interrupciones prolongadas en sus negocios, lo que puede tener consecuencias negativas para su productividad futura, así como para su capacidad para mantener el empleo y retener a sus trabajadores. Esta situación es todavía más grave en el caso de las empresas informales, dada su incapacidad para acceder al apoyo gubernamental relacionado con COVID-19 o líneas de crédito formales.

En relación con la economía informal, el informe también revela que los trabajadores informales han sufrido tres veces más probabilidades que los trabajadores formales por cuenta ajena, y 1,6 veces más probabilidades que los autónomos, de perder sus empleos como consecuencia de la crisis. A esto hay que añadir que, debido a su situación informal, han tenido menos posibilidades de beneficiarse de medidas de protección social. Además, como muchos de estos trabajadores tienen tasas de ahorro más bajas, es más probable que caigan en la pobreza. Un cúmulo de circunstancias que puede poner en peligro sus futuras trayectorias en el mercado laboral.

La crisis también ha contribuido a ampliar la brecha que separa a los trabajadores con mayor nivel de estudios de los menos cualificados. Los trabajadores con niveles de calificación más altos tienden a trabajar en ocupaciones que se han visto menos afectadas por las pérdidas de empleo y que se han beneficiado más de las opciones de trabajo a distancia. Asimismo, la posibilidad de trabajar desde casa de la que disfrutan los trabajadores que realizan actividades de mayor calificación y en áreas con un acceso más fácil a Internet ha acentuado las desigualdades entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo, entre hogares con diferente estatus socioeconómico y entre zonas rurales y urbanas.

La brecha de género también ha sufrido. Aunque el impacto de la pandemia en los mercados de trabajo ha tenido consecuencias devastadoras tanto para hombres como para mujeres, en 2020 el empleo de las mujeres disminuyó un 5%, frente a un 3,9% el de los hombres. Además, el 90 por ciento de las mujeres que perdieron su empleo en 2020 abandonaron la fuerza laboral, lo que sugiere que su vida laboral podría verse interrumpida durante un período prolongado, más allá del fin de la pandemia.

Los jóvenes son otro colectivo que se ha visto particularmente impactado. La crisis ha afectado a muchos jóvenes en un momento crítico de sus vidas, interrumpiendo su incorporación al mundo laboral. La proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación (los denominados NINIs o en inglés NEET) aumentó entre 2019 y 2020 en 24 de los 33 países analizados en el informe. Además, la pandemia interrumpió gravemente la actividad educativa, particularmente en aquellas regiones del mundo que carecen de la infraestructura digital y la capacidad para proporcionar a los estudiantes educación a distancia.

Finalmente, tampoco podemos olvidarnos de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales experimentaron una terminación abrupta de sus empleos, o falta de pago o retrasos en el pago de sus salarios, sin acceso a beneficios de protección social que pudieran compensar sus pérdidas de ingresos. Esto ha agravado el impacto de la crisis tanto en los países de destino, muchos de los cuales ahora tienen problemas para conseguir los trabajadores que necesitan después de que muchos migrantes hayan regresado a sus países de origen, como en estos mismos países de origen, donde las remesas son una pieza clave para apoyar los ingresos de los hogares y la demanda interna de la economía.

El informe concluye con una llamada a la construcción de una agenda política integral y concertada centrada en el ser humano para evitar que la crisis provoque daños duraderos en los resultados económicos y sociales. Entre otras medidas, la Organización Internacional del Trabajo plantea la necesidad de mecanismos que garanticen el acceso universal a las vacunas, así como asistencia financiera para los países en desarrollo, incluso mediante la reestructuración de la deuda. Además, los gobiernos, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deben aprovechar el momento y abordar los déficits de trabajo decente para que los mercados laborales puedan reconstruirse de una manera más justa y sostenible.

Una recuperación centrada en el ser humano que, desde la perspectiva de esta institución, debe responder a los siguientes principios:

Primero. Promover un crecimiento económico de base amplia y la creación de empleo productivo mediante la inversión en sectores que pueden ser una fuente de empleo decente y que apoyan una transición justa, la igualdad de género y mercados laborales dinámicos. Para ello es preciso que los países dispongan del espacio fiscal adecuado para abordar las brechas existentes en la infraestructura física y social, y que las economías tengan suficiente liquidez para respaldar el acceso al crédito que necesita el sector privado.

Segundo. Apoyar los ingresos de los hogares y las transiciones del mercado laboral, en particular para los colectivos más afectados por la crisis, mediante políticas activas del mercado laboral, servicios de empleo y servicios de orientación y recualificación profesional de alta calidad de carácter público. 

Tercero. Fortalecer las bases institucionales para un crecimiento y desarrollo económico inclusivo, sostenible y resiliente mediante la mejora de los sistemas de protección social, la promoción de la formalización de la economía y el empleo y la garantía de que todos los trabajadores, independientemente de sus acuerdos contractuales, tengan derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, disfruten de condiciones de trabajo seguras y saludables y reciban un salario mínimo adecuado.

Cuarto. Diálogo social para desarrollar y asegurar la implementación efectiva de estrategias de recuperación centradas en el ser humano. Estas estrategias están mejor diseñadas y son más eficaces cuando son fruto del diálogo y la negociación entre los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.